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Blogs: El rol del estado en el desarrollo geotérmico

Cerro Prieto, geothermal power plant complex, Baja California, Mexico (source: flickr/ BajaAerial)
Abraham Ormad 31 Mar 2014

Artículo de opinión realizado por Luis Carlos Gutiérrez Negrín. Todos sus artículos se almacenarán en el blog correspondiente a la Asociación Geotérmica Mexicana.

Si uno revisa someramente la historia del desarrollo de la energía geotérmica en cualquiera de los veinticuatro países que actualmente tienen al menos una planta geotermoeléctrica en operación, no puede menos que concluirse que, con pocas excepciones entre las que destaca Estados Unidos, en prácticamente todos los demás países el papel del estado ha sido determinante para el despliegue de esta industria, al menos en sus inicios. Es decir, si las inversiones iniciales para la exploración, desarrollo, instalación y operación de las primeras plantas geotermoeléctricas no hubiesen provenido de recursos públicos, probablemente hoy la capacidad mundial sería una fracción de los casi 12 mil megawatts que había a fines de 2013.

Es cierto que a la fecha ya sólo quedan unos cuantos países del club geotermoeléctrico en los que el desarrollo y operación de los campos y plantas geotérmicos siguen a cargo del estado, entre los que están México y Costa Rica, en América Latina. Pero también lo es que en la mayoría de ellos la propiedad y operación privada de los campos geotérmicos y de sus respectivas plantas es una situación relativamente reciente, que ocurrió en las últimas décadas como resultado de procesos de desincorporación o de privatización de tales instalaciones que habían sido originariamente estatales o paraestatales. En diversos países, esos procesos de desincorporación han ido paralelos, o han sido consecuencia, de la privatización o re-privatización de sus respectivas industrias eléctricas, como lo demuestran casos tan disímbolos como los de Italia, Nueva Zelanda, Indonesia, Filipinas, El Salvador o Nicaragua, por citar unos cuantos. En todos ellos, la historia fue bastante similar: el estado tomó bajo su cuenta y riesgo el desarrollo de sus recursos geotérmicos hidrotermales, instaló las primeras plantas y las operó y más adelante las dejó en manos privadas o semi-privadas quienes asumieron la responsabilidad y continuaron operándolas y desarrollando nuevos recursos.

Queda claro que la desincorporación de los activos estatales en la industria eléctrica no fue solo una ocurrencia que surgió espontáneamente en diversas partes del mundo, sino que ha sido una consecuencia de las tesis básicas del neoliberalismo económico que hace tiempo terminó imponiéndose a las políticas económicas keynesianas, que a su vez fueron hegemónicas en el mundo occidental entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la desaparición del bloque soviético. Entre esas tesis de la economía neoliberal están que el estado no debe tener ninguna inversión en el mercado (y que si la tiene debe deshacerse de ella), y que la libre competencia es el único mecanismo que garantiza una economía eficiente, precios más bajos y una eventual mejor distribución de la riqueza. No es este el foro para discutir si tales tesis son o no acertadas, o si más bien la economía mundial debería retomar al menos algunos elementos esenciales del llamado estado benefactor. Pero lo cierto es que la geotermoelectricidad mundial está actualmente en manos privadas casi en su totalidad, aunque en sus orígenes empezó estando en manos públicas casi por completo.

El corolario para aquellos países que aún no logran empezar a explotar sus recursos geotérmicos, incluso para aquellos con recursos de tipo convencional como es el caso de los países andinos, parece ser que incluso en estos tiempos de libre mercado hegemónico sigue siendo el estado quien debe hacer las inversiones iniciales. Es decir, que no basta con tener una sólida y bien fundamentada ley geotérmica, basada en un sistema de competencia y concesiones privadas, porque en un mercado libre siempre será más tentador y redituable para el inversionista privado especular con las concesiones que correr los riesgos inherentes de todo proyecto geotermoeléctrico pionero. En cambio, cuando la tecnología de generación geotermoeléctrica ya ha sido probada bajo las condiciones de desarrollo local, y ya existe una masa crítica de plantas en operación, la inversión privada tiende a fluir casi por inercia, incluso en ausencia de un marco jurídico específico para la energía geotérmica.

Pero claro, el corolario no es sólo aplicable a los gobiernos de cada país, sino también y de manera fundamental a los organismos financieros regionales y multilaterales involucrados en el apoyo a proyectos energéticos de tipo renovable y sustentable. Porque así como hace años esos organismos indujeron el retiro de la inversión estatal en proyectos energéticos para propiciar la inversión privada, mediante el simple mecanismo de restringir la disponibilidad de financiamiento, ahora podrían facilitar el desarrollo geotermoeléctrico abriendo la llave a la inversión estatal en proyectos geotermoeléctricos, al menos para el despliegue de los proyectos iniciales. Y tal vez ese sería el paso decisivo que la geotermia ha venido requiriendo.

 

Artículo de opinión de Luis Carlos Gutiérrez Negrín. Todos sus artículos se almacenarán en el blog correspondiente a la Asociación Geotérmica Mexicana en este enlace.